Conoce las tasas judiciales y como recurrir multas tasas judiciales

La nueva Ley de tasas judiciales fue publicada el 20 de noviembre de 2012, y se empezó a aplicar el 17 de diciembre de ese mismo año, fecha en la que estuvieron listos los impresos de Hacienda para poder realizar el pago de dichas tasas judiciales..

Las novedades de dicha Ley son tres: es la primera vez, que los ciudadanos deben pagar las tasas judiciales; además de en los juicios civiles y contencioso-administrativo, también se deberán abonar en los juicios de lo social (ámbito laboral), y las cantidades a pagar se elevan sustancialmente.

Y te preguntarás ¿y a mí esta Ley en qué me afecta?

Pues muy sencillo…

…si alguien te debe dinero, si la aseguradora no quiere pagar algún desperfecto de tu vivienda, si te vas a divorciar, si te han despedido y no te han pagado lo que te deben, si tienes problemas con una herencia, si has sido víctima de una negligencia médica, si te han puesto una multa…

…y necesitas recurrir a la justicia, tendrás que abonar una tasa judicial.

Si quieres saber la cantidad que deberás pagar, en función del tipo de juicio y de lo que verse la demanda o recurso, pincha aquí.

En España, las tasas judiciales se instauraron por primera vez en 1958. Veintiocho años después, dichas tasas se suprimieron, por la Ley 25/1986 del 24 de diciembre, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia.

Pero,se volvieron a recuperar en el año 2002, con la Ley 53/2002 del 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, para sólo para aquellas empresas con una facturación superior a 8 millones de euros al año, en los órdenes civil y contencioso-administrativo.

Y en la actualidad, con la nueva Ley de Tasas Judiciales (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), se han ampliado los ordenes jurisdiccionales en los que se aplica, y los sujetos a los que se aplica, pues dichas tasas judiciales deberán ser pagadas por toda persona física o jurídica que presente una demanda en el orden civil (juicios entre particulares) y contencioso-administrativo (juicios contra la Administración) o recurra en el orden social (juicios laborales).

¿Quién está obligado a abonar las tasas judiciales?

La principal novedad a destacar de la nueva Ley de Tasas Judiciales (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) es que, es la primera vez que, los ciudadanos están obligados a pagar tasas judiciales por acceder a la justicia.

Hasta la aprobación de dicha Ley, los únicos que debían abonar dichas tasas eran aquellas empresas cuya facturación anual fuera superior a 8 millones de euros.

En resumen, ahora, las tasas judiciales deberán ser pagadas por toda persona física o jurídica que presente una demanda o apele en el orden civil (juicios entre particulares) y contencioso-administrativo (juicios contra la Administración) o recurra en el orden social (juicios laborales).

Según la Ley, las tasas se pagarán por:

  • La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.
  • La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.
  • La interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
  • La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.
  • La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo.
  • La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.
  • La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

No obstante, la Ley también enumera varios sujetos que no estarán obligados a abonar las tasas judiciales:

  • Aquellas personas a las que, por sus bajos ingresos, se les conceda el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Sólo quedarán exentos de pagar las tasas las personas cuyos ingresos totales mensuales por unidad familiar no supere el doble del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). El IPREM para 2013 se ha congelado, por cuarto año consecutivo, y es de 532,51 euros mensuales, por lo que el límite de ingresos para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita, será de aproximadamente 1.100 euros por unidad familiar, es decir, una cifra anual inferior a 14.910,28 euros por unidad familiar.
  • El Ministerio Fiscal.
  • La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de ellas.
  • Las Cortes Generales (Congreso y Senado) y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, la Ley afirma también que los trabajadores, ya sean por cuenta ajena o por cuenta propia (autónomos), que interpongan recursos de suplicación y de casación en el orden social (es decir, quien quiera recurrir en materia laboral), quedarán exentos del pago del 60% de la cantidad de la tasa judicial que corresponda.

¿Cuánto tengo que pagar por las tasas judiciales?Características de un contrato temporal

Dos son las novedades que cabe destacar de la Ley de Tasas Judiciales:

  • Afecta a 3 de los 5 Órdenes Jurisdiccionales: anteriormente sólo se pagaban tasas en los procesos civiles y en los contencioso-administrativos y ahora se abonarán también en los procesos por lo social (ámbito laboral). De este modo, los únicos órdenes jurisdiccionales en los que no se deberán pagar tasas serán en el orden penal y en el militar.
  • Además, es la primera vez que los ciudadanos deberán pagar las tasas judiciales. Hasta ahora sólo estaban obligadas a abonarlas las empresas que facturasen más de 8 millones de euros al año. Con la nueva ley, toda persona física o jurídica deberá pagar dichas tasas.

La tasa a pagar estará compuesta por una cantidad fija y otra variable.

La cantidad fija dependerá del orden jurisdiccional y del tipo de proceso.

En procesos por lo civil (juicios entre particulares):

  • Monitorio, Monitorio Europeo y demanda incidental en el proceso concursal: 100 euros. (antes 50 euros para empresas con una facturación superior a 8 millones de euros al año)
  • Verbal y Cambiario: 150 euros (antes 90 euros para empresas que una facturación superior a 8 millones de euros al año)
  • Ordinario: 300 euros (antes 150 euros para empresas que una facturación superior a 8 millones de euros al año)
  • Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales: 200 euros (antes 150 euros para empresas que una facturación superior a 8 millones de euros al año)
  • Concurso necesario: 200 euros (antes 150 euros para empresas que una facturación superior a 8 millones de euros al año)
  • Apelación: 800 euros (antes 300 euros para empresas que una facturación superior a 8 millones de euros al año).
  • Casación y recurso extraordinario por infracción procesal: 1.200 euros (antes 600 euros para empresas que una facturación superior a 8 millones de euros al año).

De este modo, en un juicio civil ordinario, la tasa a pagar será de 300 euros (más la cantidad variable que se explica más abajo) sólo por presentar la demanda. Si el juicio se pierde y se quiere apelar a una instancia superior, la cantidad ascenderá a 800 euros (más la cuota variable) y en los casos en los que haya que recurrir al Tribunal Supremo, la tasa a abonar será de 1.200 euros (más la cuota variable).

Hay que decir, que los procesos monitorios y verbales (juicios en los que normalmente se reclama una deuda) están exentos de tasa, si la cantidad reclamada es inferior a 2.000 euros.

En procesos por lo contencioso-administrativo (juicios contra la Administración):

  • Abreviado: 200 euros (antes 120 euros para empresas que una facturación superior a 8 millones de euros al año).
  • Ordinario: 350 euros (antes 210 euros para empresas que una facturación superior a 8 millones de euros al año).
  • Apelación: 800 euros (antes 300 euros para empresas que una facturación superior a 8 millones de euros al año).
  • Casación: 1.200 euros (antes 600 euros para empresas que una facturación superior a 8 millones de euros al año).

Así, en los juicios en el orden contencioso-administrativo lo mínimo que habrá que pagar serán 200 euros (más la cantidad variable que se explica más abajo) en un procedimiento abreviado y lo máximo 350 euros (más la cuota variable) en un juicio ordinario. Si se pierde el juicio y se quiere apelar ante un juzgado superior al que ha dictado sentencia, se deberán abonar 800 euros (más la cuota variable) de tasa judicial y si al final se recurre al Tribunal Supremo, 1.200 euros (más la cuota variable).

En procesos por lo social (juicios en el ámbito laboral):

  • Suplicación: 500 euros (antes 0 euros).
  • Casación: 750 euros (antes 0 euros).

En los juicios por lo social, las tasas sólo se cobrarán al apelar, y no al interponer la demanda como es el caso de los juicios por lo civil y lo contencioso-administrativo.

De este modo, se cobrarán 500 euros (más la cuota variable) por un recurso de súplica ante un juzgado superior al que ha dictado sentencia y 750 euros (más la cuota variable) por un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los trabajadores, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia (autónomos), estarán exentos de pagar el 60% de la tasa judicial que les corresponda.

Como ya hemos dicho, a estas cantidades fijas habrá que sumarles una cantidad variable que dependerá de la cuantía del proceso judicial (por ejemplo, si el juicio trata sobre una herencia valorada en 1.300.000 euros, esa sería la cuantía del proceso judicial).

Si no se puede determinar la cuantía del proceso judicial, la Ley establece una cantidad de 18.000 euros para calcular la cuota variable de la tasa judicial, es decir, que además de la cuota fija, habría que pagar 90 euros (18.000 euros x 0,5%) de cuota variable.

La cantidad variable a pagar será del 0,5% de la cuantía del proceso judicial hasta 1 millón de euros y del 0,25% de la cuantía del proceso judicial a partir de ese millón de euros.

Según la Ley, dicha cantidad variable será de un máximo de 10.000 euros.

Si ponemos así de ejemplo la herencia valorada en 1.300.000 euros (juicio ordinario civil), al interponer la demanda habría que pagar una tasa judicial de 300 euros, más el 0,5% de la cuantía del proceso judicial hasta 1 millón de euros (1.000.000 euros x 0,5% = 5.000 euros), más el 0,25% de la cuantía procesal a partir de 1 millón de euros (300.000 euros x 0,25% = 750 euros), lo que daría un total de 6.050 euros.

Y esto sólo por presentar la demanda, si el juicio se pierde y se quiere apelar a una instancia superior, la cantidad de la tasa ascendería a 6.550 euros (800 + (1.000.000 x 0,5%) + (300.000 x 0,25%) = 6.550 euros).

Si al final hubiera que recurrir al Tribunal Supremo habría que abonar 6.950 euros (1.200 + (1.000.000 x 0,5%) + (300.000 x 0,25%) = 6.950 euros).

¿Existen procesos judiciales exentos del pago de las tasas judiciales?

Según la Ley de Tasas Judiciales (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), estará obligado a pagar las tasas judiciales cualquier persona física o jurídica que pretenda demandar o apelar en el orden civil (juicios entre particulares) y contencioso-administrativo (juicios contra la Administración) o recurrir en el orden social (juicios laborales).

Sin embargo, la misma Ley recoge una serie de procesos judiciales que están exentos del pago de las tasas judiciales:

  • La presentación de demandas y posteriores recursos en “procesos de capacidad, filiación y menores, así como en los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores”. Se entiende así, que al decir la Ley “procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia”, que por las demandas de custodia o de pensión alimenticia que se presenten junto a la demanda de divorcio se deberá pagar tasa judicial, mientras, que si se presentan por separado, no.
  • La presentación de demandas y posteriores recursos en procesos que versen sobre protección de derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración Electoral.
  • La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
  • El recurso contencioso-administrativo presentado por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.
  • La petición del proceso monitorio y la demanda del juicio verbal (normalmente son juicios especiales para reclamar alguna deuda) cuando la cantidad reclamada no supere los 2.000 euros.
  • El recurso contencioso-administrativo en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

¿Cómo tengo que pagar las tasas judiciales?

Las tasas judiciales hay que pagarlas antes de presentar el escrito procesal, es decir, antes de interponer la demanda o el recurso correspondiente.

Para ello, el Ministerio de Hacienda ha aprobado el modelo 696 de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, es decir, un formulario para el pago de las tasas judiciales.

De este modo, todo escrito judicial, con el objetivo de iniciar un proceso para el que sea necesario el pago de una tasa judicial, deberá ir acompañado del modelo 696 (si quieres ver el modelo pincha aquí) debidamente cumplimentado y validado y del justificante de pago de dicha tasa judicial.

Las empresas estarán obligadas a presentar el modelo 696 a través de Internet, y al pago electrónico mediante cargo en cuenta o tarjeta, para ello se requiere estar en posesión de un certificado electrónico que acredite la identidad.

Sin embargo, a los ciudadanos se nos da la posibilidad de presentar dicho modelo en formato papel, pero para ello tendremos que imprimirlo a través de la página de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.
Una vez rellenado, obtendremos 3 ejemplares impresos de la autoliquidación. Uno para el banco o caja de ahorros en el que realizaremos el pago de la tasa judicial, otro para la Administración de Justicia y otro para nosotros.

Presentaremos en la Oficina Judicial, junto al escrito procesal, el ejemplar para la Administración de Justicia y el justificante del ingreso realizado en la entidad bancaria.

Si quieres saber cómo rellenar el modelo 696, pincha aquí.

Según la Ley, el Secretario Judicial comprobará que se presenta el modelo 696 junto con el justificante de ingreso correctamente validado, y de no ser así, requerirá dichos documentos al interesado, no dando curso al escrito procesal hasta que hayan sido presentados (esto no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal).

Por último, hay que mencionar que hay una reducción del 10% de la tasa judicial si el pago de la tasas judicial se realiza a través de Internet.

¿Cuándo debo pagar las tasas judiciales?

Las tasas judiciales deberán ser abonadas antes de presentar el escrito procesal, es decir, antes de interponer la demanda o el recurso correspondiente.

Además, será obligatorio que el justificante de pago de la tasa judicial acompañe al escrito procesal, pues de no ser así, la Ley aclara “el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal”.

La Ley dice exactamente, que las tasas judiciales se abonarán:

En el orden civil:

  • Interposición del escrito de demanda.
  • Formulación del escrito de reconvención.
  • Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.
  • Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados.
  • Presentación de demanda incidental en procesos concursales.
  • Interposición del recurso de apelación.
  • Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.
  • Interposición del recurso de casación.
  • Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.

En el orden contencioso-administrativo:

  • Interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda.
  • Interposición del recurso de apelación.
  • Interposición del recurso de casación.

En el orden social:

El pago de la tasa judicial se produce en el momento de la interposición del recurso de suplicación o de casación.

¿Me devuelven la tasa judicial si la justicia me da la razón?

¿Me devuelven el importe de la tasa judicial si la justicia me da la razón? La respuesta es sencilla: recuperaremos el dinero abonado por las tasas judiciales, siempre que la sentencia nos sea favorable y se condene a pagar las costas a la parte contraria.

Según esto, sólo se podrá recuperar el dinero, si el juez condena en costas a la parte perdedora, la cual tendrá que asumir el coste de la tasa judicial, que la parte vencedora pagó al inicio del proceso, que la Administración no devolverá el dinero de las tasas judiciales, es decir, que la Administración no devolverá el dinero de las tasas judiciales, en ningún caso.

En el orden contencioso-administrativo, siempre hay condena en costas, pero en el orden civil o social puede haberla o no. Este último, es el caso de los recursos de casación en el orden civil, cuando quien gana el pleito es el demandante; o cuando la parte contraria es el Ministerio Fiscal, ya que este no puede ser condenado a pagar las costas; o en segunda instancia en el orden civil, ya que sólo habrá condena en costas cuando se desestime totalmente la demanda, o en el orden social, que sí que existe la condena en costas en segunda instancia, pero que suelen darse importantes excepciones a favor de sindicatos, funcionarios,…

En resumen, cuando en la sentencia se incluya la condena en costas, el perdedor del proceso judicial devolverá el importe de la tasa judicial al ganador, pero cuando no se incluya, la devolución no será posible, pues la Administración no devuelve la tasa judicial en ningún caso.

Hay que añadir que, cuando se logre una solución extrajudicial por las partes, la Administración devolverá el 60% de las tasas judiciales pagadas. La solicitud de dicha devolución se podrá presentar en un plazo de 4 años, desde el momento en el que la resolución sea firme.

Además, la Administración también devolverá el 20% del importe de la tasa judicial, cuando se acuerde una acumulación de procesos, por lo que sólo se deberá abonar la tasa judicial de uno de ellos y se devolverán el importe de las tasas judiciales del resto de los casos. La solicitud de dicha devolución se podrá presentar en un plazo de 4 años, desde la fecha en que se acuerde la acumulación de procesos

Sin embargo, no se podrá solicitar la devolución de las tasas judiciales, por solución extrajudicial o acumulación de procesos, hasta el 1 de abril de 2013, fecha en la que la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Oficina Judicial ya estarán totalmente conectadas.

¿Puede pagar otra persona en mi nombre la tasa judicial?

La Ley de Tasas Judiciales (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) explica que el abogado o procurador del interesado podrá pagar la tasa judicial en su nombre.

Esto está pensado, sobre todo para los extranjeros o residentes fuera de España, que hasta este momento para el pago de la tasa judicial (hace referencia a las empresas que con anterioridad a esta Ley debían pagar las tasas judiciales) tenían que aportar numerosos documentos (estatutos, poderes, traducciones juradas…) que en numerosas ocasiones ni siquiera daba tiempo a legalizar antes del inicio del proceso judicial.

En resumen, tu abogado o procurador podrá pagar las tasas judiciales en tu nombre.